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INVESTIGADORES DE DELITOS COMPLEJOS COINCIDEN EN QUE EL NUEVO RÉGIMEN DE TELEFONÍA CELULAR SERÁ “ÚTIL” Y “BENEFICIOSO”

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La obligación de registrar los teléfonos celulares a una única línea y a un documento de identidad particular, que entró en vigencia ayer, no sólo permitirá disminuir la cantidad de robos de esos aparatos sino que facilitará la resolución de delitos complejos, como los secuestros extorsivos, coincidieron fuentes policiales y judiciales.
El jefe de la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana, Carlos Rojas, consideró que con este régimen “a los delincuentes les va a resultar mucho más difícil generar organizaciones desde un teléfono tan libremente”, mientras que el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich, opinó que la medida “es beneficiosa y estaba pendiente”.
Por su parte, voceros del área de Tecnologías de la Información de la Policía Federal (PFA) resaltaron que con esta metodología que detecta un teléfono sustraído para darlo de baja inmediatamente se logrará desactivar a los llamados “bolseros”, aquellas personas que se dedican a vender tarjetas SIM robadas.
Las fuentes formularon esas declaraciones a Télam sobre el sistema que fue publicado ayer en el Boletín Oficial bajo la resolución 8507 del Poder Ejecutivo y que ya había sido anunciado el 22 del mes pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy.
En esa oportunidad, la funcionaria explicó que esta medida es consecuente a un programa estrenado en abril, el cual permite verificar si un dispositivo fue denunciado por robo y que ya registró unas 288.640 consultas, según informó el gerente general de Enacom, Agustín Garzón.
Además, comentó en puntual que la iniciativa “partió cuando, desde la perspectiva de seguridad, se evaluó cómo funciona el sistema de los teléfonos celulares en todos los casos donde hay investigaciones” sobre hechos criminales en el país.
En ese sentido, el comisionado Rojas opinó que “si lo hacen funcionar como está en el decreto, va a ser una herramienta muy útil para empezar a eliminar esta problemática en poco tiempo”.
“Con la totalidad de las líneas telefónicas registradas, vinculadas con una persona nominal -alguien a quien se puede ir a buscar-, a los delincuentes que se comuniquen les va a resultar mucho más difícil generar este tipo de organizaciones manejándose por telefóno tan libremente”, explicó.
En tanto, la fuente de la PFA consultada por Télam indicó que la facilidad que existe actualmente para intercambiar tarjetas SIM en distintos teléfonos celulares es “una complicación” durante las investigaciones de delitos complejos, pero resaltó que “este régimen impediría reutilizar los aparatos de esa forma”.
Desde la perspectiva judicial, el fiscal Marquevich mencionó a Télam que “una gran parte de la investigación de los secuestros extorsivos es el análisis de las comunicaciones, el cruce de llamadas y la búsqueda de información asociada a los teléfonos celulares” y que por eso “regular ese tema puede ser muy positivo”.
“El manejo de la información que nos aportan las compañías telefónicas también estará regulado, y cuando se investigue un caso esa información deberá ser cedida en tiempo real, en tiempos útiles para la investigación”, agregó, respecto a las demoras de entrega de datos por parte de las empresas que se suelen registrar.
Además, Marquevich comentó que “la medida es para identificar, no para obstruir ni perjudicar el servicio” y que, al ser “un tema que está poco regulado y que está pendiente, va a beneficiar el trabajo” en el área que aborda su fiscalía.
En ese sentido, el titular de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 24, Sandro Abraldes, añadió que “la medida es realmente muy buena, necesaria e impostergable” porque “siempre hay un conjunto de investigaciones que llevan a un callejón sin salida, como aquellas en las que aparece un celular que es prepago”, y que “cuando se trata de establecer quién es el usuario, no hay cómo”.
“Se llega al punto en que se tiene identificado el celular que se usó, se quiere determinar quién es el usuario, y la investigación se cae, entonces esto va a permitir avanzar más seriamente y llegar a los responsables”, dijo.
Además, Abraldes agregó que la aplicación de este régimen “se tiene que hacer con la colaboración y el compromiso serios de las empresas telefónicas”, porque “la seguridad no es una cuestión exclusiva de estatales ni de privados” y para eso “tiene que haber una combinación y un compromiso de toda la sociedad”.